Vivienda

España arrastra desde hace décadas un grave problema de carestía de acceso a la vivienda en propiedad, que en los últimos años se ha trasladado también a la vivienda en alquiler. En la vivienda de alquiler de mercado de las principales zonas urbanas del país se están reproduciendo de forma acelerada los problemas de inaccesibilidad e imposibilidad de emancipación de la vivienda en propiedad.

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La subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional en 2026 hasta 1.221 euros a jornada completa por catorce pagas equivale a un salario anual de 17.094 euros a jornada completa. De esta subida se beneficará el 9% de los asalariados y tendrá una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales.

España arrastra cuatro décadas fallidas de política de vivienda desde el punto de vista de garantizar el derecho a la vivienda, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor a costa de la necesidad de vivienda de la población.

Las empresas en España están pegando el estirón. Entre 2018 y 2025 se ha producido una mejora y aumento de tamaño medio del tejido empresarial en España. Apenas ha crecido la cifra total de empresas, pero son más grandes (más trabajadores por empresa) y también hay muchas más empresas de mayor dimensión.


NOTAS DE COYUNTURA

ARGUMENTOS

NATALIA ARIAS, ÁLVARO GAERTNER ARANDA Y LUIS ZARAPUZ. En 2025, las empresas mantienen márgenes históricamente altos gracias a una evolución positiva de la actividad. Esta mejora es generalizada, alcanzando al 60% del empleo y a la mayoría de los sectores económicos.

FRANCISCO GUALDA. La implantación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en la organización del trabajo ha desplazado los centros tradicionales de decisión. Las plataformas digitales, los algoritmos de gestión de personal o los modelos de evaluación automatizada configuran hoy la distribución del trabajo, la asignación de turnos o la valoración del rendimiento. El resultado es un nuevo tipo de poder empresarial: opaco, técnico y mediado por datos. Frente a esta transformación, el Derecho del Trabajo comienza a definir las bases de un control institucional de la transparencia tecnológica.